Un informe advierte que se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas tras la reforma laboral

Noticias Argentinas difundió que a cuatro meses de la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral, se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas en la Argentina, según la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

La normativa comenzó a regir en marzo de 2026 con el objetivo oficial de dinamizar la contratación registrada y promover la creación de empresas. Sin embargo, el IAG sostuvo que los primeros datos relevados muestran una evolución diferente de la planteada inicialmente por el Gobierno.

El informe indicó que el deterioro del mercado laboral comenzó antes de la implementación de la reforma. De acuerdo con el relevamiento, el empleo privado formal acumula 13 meses consecutivos de caída y se perdieron 241.200 puestos de trabajo desde noviembre de 2023.

Según el estudio, la reducción del empleo alcanzó a casi todas las actividades económicas, incluidas ramas como minería, petróleo e intermediación financiera. En ese punto, el IAG señaló una situación similar a la advertida por el Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA respecto de la falta de generación de puestos de trabajo en sectores que registran crecimiento de su actividad.

El Monitor atribuyó parte de la contracción del empleo asalariado formal a la baja en la tasa de entrada de trabajadores, que se ubicó en un piso del 1,6% sobre el total de ocupados. A su vez, consignó una tasa de desocupación del 7,9%, una subocupación del 11,5% y una informalidad laboral del 45%.

De acuerdo con el informe, más de 6 millones de personas trabajan actualmente en la informalidad en la Argentina. Durante el último año, el empleo no registrado incorporó 348.000 puestos, con un crecimiento impulsado principalmente por el cuentapropismo.

El relevamiento también puso el foco en la evolución de las empresas. Según el IAG, desde noviembre de 2023 cerraron 31.342 firmas en todo el país, mientras que solamente en el último mes analizado dejaron de operar 709.

El estudio señaló que el impacto se concentró especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Las firmas de entre uno y diez empleados registraron una reducción del 6,8%, mientras que el 47% del total de los cierres correspondió a unidades productivas de hasta 100 trabajadores.

Por actividad, las mayores reducciones netas se produjeron en Comercio, con 8.758 empresas menos; Transporte y almacenamiento, con una caída de 6.915; e Industria, con 4.158 firmas menos.

En términos territoriales, el informe indicó que la disminución en la cantidad de establecimientos alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones del país, con una mayor incidencia en las provincias del Norte y de Cuyo. Neuquén fue señalada como la única excepción, con un saldo positivo de 72 empresas.

Al evaluar algunas de las principales herramientas incorporadas por la reforma, el IAG sostuvo que “el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal”.

El estudio también analizó la evolución de los ingresos. Según sus cálculos, el salario privado registrado se encuentra 3,7% por debajo, en términos reales, del promedio correspondiente al período enero-noviembre de 2023.

El IAG agregó que la caída ascendería al 8% si el cálculo se realizara con el índice de precios al consumidor actualizado al que hace referencia el propio informe. Para los salarios del sector público nacional, el relevamiento estimó una contracción real del 37,8% en el mismo período.